3 TESTIMONIOS QUE EXPLICAN EL DESALOJO DEL BAR LA ROBLA

El miércoles pasado alrededor de las 5:20 de la mañana, la Policía Federal ejecutó el operativo de desalojo del bar La Robla, ubicado en el barrio porteño de San Nicolás. Este hecho dejó a 21 trabajadores en la calle. Medio en chicle entrevistó a Ornella Nociti, asesora legal de los trabajadores, y a Roxana López, miembro de la cooperativa La Robla, para conocer el estado actual de la situación. Conversamos, además, con la legisladora María Rachid quien dio detalles de su participación y de otros legisladores para encontrar una solución al conflicto.

Por Luciana Gómez-(@luucarogomez)

luciana@medioenchicle.com

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En septiembre del año pasado un grupo de trabajadores gastronómicos del bar La Robla decidió organizarse en una cooperativa como consecuencia de la quiebra de la empresa. La misma se habría originado en una serie de maniobras fraudulentas ejecutadas por el titular de la firma, Alex Gordon, a partir de 2010. 

“Se decidió formar la cooperativa porque el dueño desapareció, nos dejó a la buena de Dios. Dijo que La Robla quebraba. Él no se llevó nunca ni un tenedor de ahí. Nosotros nos quedamos solos. A partir de ese momento, pensamos que la única manera de mantener la fuente de trabajo era formar una cooperativa, pero necesitábamos asesoramiento. Para ello recurrimos a Ornella (se refiere a la asesora legal Ornella Nociti), a quien conocimos porque asesoró a los trabajadores de Alé Alé .

Nosotros nos dábamos cuenta de las deudas que existían. Un día te llamaba un proveedor y te decía que el cheque había sido rechazado. La deuda se iba haciendo más grande. Iba un compañero a atenderse a la obra social y le decían que estaban atrasados con el pago. También supimos que en ANSES no se habían realizado los aportes jubilatorios. Así, nos fuimos enterando de muchas cosas, entre ellas la deuda del alquiler del inmueble en el que trabajábamos y sabíamos que el asunto estaba complicado.

El desalojo lo viví mal, con mucha angustia, con mucha incertidumbre, muy quebrada. Hasta el día de hoy me cuesta asimilar lo que pasó. A uno le cae la ficha de que no va a ir más a ese lugar que hace ya diez años iba. Era mi segunda casa.

Ahora con mis compañeros nos juntamos todos los días a ver diferentes locales para volver a trabajar. Los 21 estamos sin trabajo pero nos mantenemos en contacto y planificamos qué es lo que vamos a hacer.

Vamos a mirar en positivo, para adelante, al futuro por todos. Ojalá podamos conseguir un local pronto y que desde INAES nos den una ayuda económica", contó Roxana López, trabajadora de la cooperativa La Robla.

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El juez Miguel Javier Costa, del Juzgado Nacional en lo Civil, ordenó el desalojo del lugar ante la quiebra de la empresa La Robla SRL. El magistrado nunca mostró interés por la situación de los trabajadores, a quiénes jamás convocó a una reunión. 

En este sentido, esta actitud de la justicia resulta inadmisible considerando que la pérdida de 21 fuentes de trabajo coloca en situación de vulnerabilidad a familias enteras.

 “A las 5 de la mañana se presentó el oficial de justicia y un abogado. Había casi 50 efectivos de la Policía Federal que no cumplieron con las medidas de protocolo del Ministerio de Seguridad para efectuar un desalojo. Una de ellas es que hagan un vallado previo para resguardar la seguridad de los ocupantes, del inmueble y para los vecinos del lugar. Ellos no cumplieron con eso. Se metieron y entraron violentamente sin preguntar ni golpear, rompieron la puerta. Tiraron al piso a 3 compañeros que se encontraban ahí. Y ahí trajeron dos camiones y comenzaron a sacar los bienes muebles. Lo que se logró es que los trabajadores sepan donde iban los bienes.

La medida estaba establecida hace bastante. Ellos recuperaron la empresa en septiembre y la resolución de desalojo salió una semana después de que ellos recuperaran la empresa. Una vez que salió la medida se apeló, pero quedó firme. Se rechazaron todas las apelaciones y las medidas de suspensión del desalojo. Se pidió una audiencia entre las partes y no fue aceptada. El juez rechazaba absolutamente todo. 

Hace dos meses se ordenó librar el mandamiento. Se intentó hablar con el oficial de justicia para poder ampliar el plazo porque no se encontraba lugar. Y aún así el oficial sostenía que los trabajadores tomasen sus cosas y se fuesen. Se pidió que nos avisaran la fecha precisa de ejecución del desalojo y también se negaron.

Los legisladores y trabajadores le han pedido audiencias al Juez y siempre las ha rechazado.

En la Ciudad de Buenos Aires existe una ley que establece que si en la Legislatura se está tratando un proyecto de declaración de patrimonio cultural, hasta tanto no se rechace o se apruebe, los bienes sujetos a declaración de patrimonio cultural no pueden ser sacados del lugar. La semana pasada, comenzó a tratarse en la Legislatura un proyecto de esta categoría para el Bar La Robla. Esto se le informó al juez y su respuesta (contestó de un día para el otro, cosa que no suele pasar) fue que la solicitud era improcedente y la resolución ya estaba tomada. A pesar de la ley, él la desconoció.

Estamos evaluando hacerle una denuncia al Juez en el Consejo de la Magistratura porque entendemos que no tomar en consideración una ley de la Ciudad constituye una irregularidad", explicó Ornella Nociti, asesora legal de los trabajadores de la cooperativa La Robla.

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El bar La Robla ubicado en la esquina de Viamonte y Pasaje del Carmen fue fundado en 1985. Su especialidad era la cocina española. 

Ya no queda nada de ese lugar. Sólo recuerdos que los trabajadores atesorarán por siempre en su corazón.

Frente a la medida del desalojo, los legisladores María Rachid y Jorge Taiana denunciaron que no se cumplió con el protocolo de desalojo 

“Respecto al desalojo nos parece una decisión tomada por un juez que no tuvo en cuenta a las 21 familias que perderían su trabajo y que en la Legislatura de la Ciudad estábamos tratando el tema en busca de una solución. Que tampoco tuvo en cuenta que según la Ley 4803, el Bar La Robla no debía cerrar, ya que dicha norma establece que ante la presentación de un proyecto de ley de protección del patrimonio cultural de manera preventiva se debe mantener la protección hasta que la Legislatura resuelva. De esto el juez fue debidamente notificado y decidió ignorarlo. De hecho, hasta le enviamos una nota, firmada por más 15 legisladores/as, pidiéndole una audiencia sin obtener respuesta alguna.

Desde un primer momento nos pusimos a disposición de los/as trabajadores/as. Estuve personalmente con ellos/as en La Robla para que me pongan al tanto de la situación y los/as acompañé a una audiencia con la Jueza que lleva adelante el expediente de la quiebra. Siempre estuvimos y estamos a su lado. El resto de los/as legisladores/as, con la excepción de los/as del PRO, acompañaron también el proceso. El Diputado Form me acompañó en una conferencia de prensa que hicimos en La Robla para hacer pública la situación que estaban atravesando los/as trabajadores/as. También presentamos dos proyectos en la Legislatura. Uno en el que proponemos que el Gobierno de la Ciudad expropie el inmueble y los bienes muebles para que los/as trabajadores/as puedan seguir adelante como Cooperativa y otro para declarar el inmueble como Patrimonio Cultural para evitar que se le dé otro destino que no sea el de La Robla a la propiedad. Ambos proyectos fueron acompañados por Diputados y Diputadas de todos los bloques salvo los del oficialismo de la ciudad.

La policía desalojó a la cooperativa por orden del Juez que lleva adelante el expediente de desalojo. Lo hicieron sin respetar el protocolo que exige un desalojo de este tipo. El Juez deberá responder por las decisiones tomadas. No podrá alegar desconocimiento porque, como comenté anteriormente, le presentamos una nota pidiéndole una audiencia legisladores/as de casi todos los bloques y también fue notificado del proyecto de declaración de patrimonio cultural y decidió ordenar el desalojo igual

El Gobierno de la Ciudad no ordenó el desalojo. De lo que es responsable el Gobierno de la Ciudad es de mantenerse insensible ante la situación que están atravesando estas 21 familias y de no hacer nada para evitarlo”, aseguró la legisladora María Rachid. 

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